Perú: Escuchando al pueblo
Sigrid Bazán
Estamos en un contexto en donde gobiernan los que no ganaron las elecciones, los que quisieron eliminar más de 200 mil votos de ciudadanos peruanos en regiones, los que vienen generando inestabilidad política desde el 2016, los que solo aceptan la democracia cuando les es útil. No es gratis que llevemos 6 presidentes en 5 años, la responsabilidad de los perdedores –todos estos años– es clara. Hoy, el gobierno de Boluarte ha terminado por convertirse en una dictadura cívico militar que, únicamente, se sostiene en el uso de la fuerza. La crisis política ha dejado 58 fallecidos, de los cuales 47 murieron a causa de la desmedida represión policial y militar. Al menos 30 civiles murieron a causa del impacto de un proyectil de arma de fuego, inclusive, los informes balísticos concluyen que se utilizaron fusiles de guerra. Lo anterior se suma a una lista de más de 900 civiles heridos.
A pesar de los falsos mensajes de paz de Boluarte y la complicidad de cierto grupo de la prensa, los peruanos hemos sido testigos de la violencia que ejercen las fuerzas del orden contra nuestro pueblo a órdenes suyas. Ello ha quedado más que evidenciado el pasado 28 de enero, cuando se registró en las cámaras de seguridad de la Av. Abancay cómo una bomba de gas lacrimógeno, disparada por un policía, impactó en la cabeza de Víctor Santisteban, ocasionando su muerte. Así quedó registrado ante cámaras y emitido por señal abierta.
¿Puede Dina Boluarte cogobernar con un Congreso deslegitimado –con solo 9% de aprobación a nivel nacional–, con una prensa desacreditada y parcializada, y en contubernio con los grandes grupos de poder que viven a espaldas del país? ¿Es legítimo que las tres cabezas del fujimorismo manejen las riendas con un gobierno “títere”?
A pesar de la contundencia de los hechos, la intransigencia parlamentaria continúa bloqueando el consenso hacia una salida rápida y responsable. El fujimorismo, en un intento por lavarse la cara, con calculado interés electoral, ha propuesto el adelanto de elecciones, pero con una fórmula tramposa: amarrando la votación a una reelección congresal y evitando más bien el ejercicio democrático a la consulta ciudadana, sobre una Asamblea Constituyente.
No son casuales los ataques que, a diario, recibimos congresistas mujeres de izquierda, por movilizarnos pacíficamente, por describir lo que pasa en nuestro país, por fiscalizar y resguardar la salud de los heridos, la integridad de los detenidos, por pedir paz con justicia y el respeto a los derechos humanos. No nos van a amilanar.
Todavía quedamos parlamentarios que consideramos que un nuevo proceso electoral en el 2023 es una necesidad, que irnos todos (sin posibilidad de una reelección amañada) se ha convertido en una exigencia. Sin embargo, no creemos en soluciones cosméticas. Hacer uso de la figura constitucional del referéndum es lo poco que nos queda de participativo en la recuperación de nuestra democracia. Y que quede claro que el proceso hacia una Asamblea Constituyente no se puede imponer, debe conversarse y consultarse con la propia población. Hacer lo contrario –plegarnos a la propuesta electoral del fujimorismo y la derecha radical– no garantiza viabilidad política y social a largo plazo.
Hasta aquí hay que ser claros, la superación de la crisis política pasa indefectiblemente por la salida de la Presidenta de la República. Sea a través de su renuncia o por la acción proactiva del Legislativo a través de mecanismos como la vacancia. La imagen presidencial se desgastó, no existe gestión política alguna, el abuso policial, las violaciones a los derechos humanos, todo bajo el mando de la presidente, espantó el diálogo.
También es claro que la sucesión presidencial no puede recaer en la actual Mesa Directiva del Congreso. El manejo de la crisis, junto a la posición contraria a las exigencias sociales de sus partidos, ha abonado aún más al descrédito del Poder Legislativo. Necesitamos una nueva conformación que permita asegurar la confianza ciudadana hacia una transición ordenada, sin artilugios legales o sospechosos juegos de palabras. Lo hemos hecho antes, lo podemos hacer ahora.
Ciertamente, la profundidad de la crisis no se acaba con una renuncia o con una nueva Mesa Directiva, esto solo nos abre la posibilidad de diálogo. Pero los últimos acontecimientos han dado cuenta de la necesidad impostergable de que ese diálogo nos lleve a cambios de fondo. Un nuevo contrato social asentado en el cambio total de la Constitución ha cobrado fuerza. La pregunta es: ¿cómo realizar el cambio constitucional?
Según la última encuesta del IEP, el 69% de peruanos está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. No cuesta nada consultar por esta posibilidad en las próximas elecciones. No tengamos miedo de nuestra gente. Urge promover la unidad del país, a través de una nueva Constitución, nacida de las diferentes organizaciones sociales, culturas y pareceres. Es el momento de refundar el país.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 621 año 13, del 03/02/2023, p14
