Perú: Almirante de pantano
Ronald Gamarra
Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para “la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Se trata de un triste esperpento normativo propuesto por la bancada del partido de López Aliaga, Renovación Medieval. De un rebuzno de Jorge Montoya, el almirante de tina. La iniciativa arrasa con las disposiciones constitucionales sobre el respeto a los tratados y las atribuciones que la Constitución vigente asigna a la Presidencia de la República y al Congreso con respecto a ellos, y hasta inventa un mecanismo ilegal para imponer la arbitrariedad de una facción política prepotente por encima de los intereses del país.
La esencia del proyecto de ley es arrebatar derechos a todos los peruanos para lograr la impunidad de unos cuantos represores y otros tantos matadores de turno. La protección internacional de los derechos humanos es un derecho fundamental en manos de todos y cada uno de los hombres, mujeres, niñas y niños de nuestro país desde hace más de cuatro décadas. Así quedan resguardados contra cualquier injusticia, incumplimiento o arbitrariedad del Estado, mediante una instancia supranacional, derechos básicos como la vida, la libertad, la libre expresión, el debido proceso, los derechos políticos o el derecho a la propiedad.
Los impulsores del proyecto de ley nos quieren imponer el mundo al revés, como conviene a sus intereses nada santos, y en lugar de investigar y sancionar como corresponde a los violadores de derechos humanos, están prestos a privarnos de derechos a todos de un mero plumazo, de un solo tinazo, promoviendo repudiar la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, todo un acto de barbarie que dañaría el goce de derechos consagrados e inembargables y significaría un golpe demoledor al sistema democrático, tan venido a menos en los últimos años por culpa de políticos como estos, que anteponen intereses privados bastardos a los intereses del pueblo.
Mienten con descaro cuando dicen en el proyecto que su objetivo es “salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano”. Puro floro. Su interés concreto, todos lo sabemos bien, es la impunidad de unos cuantos galifardos, y del hombre y –ahora– la mujer de atrás. El Estado peruano, precisamente en ejercicio de su soberanía e independencia, decidió libremente hace varias décadas firmar la Convención Americana de Derechos Humanos para ampliar la protección jurídica de sus ciudadanos, tal como lo hace la mayoría de estados democráticos del mundo, que además reconocen la competencia de cortes internacionales y no por ello son menos.
Francia, por ejemplo, una gran potencia, es parte de numerosos tratados de derechos humanos y reconoce la competencia de cortes internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo mismo sucede con los demás países que integran la Unión Europea: Alemania, España, Italia, etc. ¿Por qué? Pues porque son democracias que admiten un mayor ámbito de protección a los derechos de sus ciudadanos. Esto no debilita de ninguna manera a los estados democráticos; antes bien, los legitima y por tanto los fortalece, favoreciendo su evolución en el sentido del respeto a los derechos fundamentales.
Todo esto cobra mayor importancia en nuestro país y en nuestra región latinoamericana, donde la democracia, relativamente reciente, no termina de consolidarse y sufre el embate de renovadas tendencias autoritarias y dictatoriales. Nuestro país y nuestra región latinoamericana se cuentan entre los que más han sufrido violaciones masivas e impunes de derechos humanos. Promover el repudio a la Convención Americana de Derechos Humanos significa toda una confesión de culpa firmada apenas unas semanas después de las masacres de Ayacucho y Juliaca, cuando 50 peruanos fueran ejecutados extrajudicialmente a balazos en las protestas.
Montoya quiere poner al Perú en el mismo campo antidemocrático de la Venezuela de Chávez y Maduro, o la Nicaragua de Ortega, dictaduras que son las únicas que han repudiado la Convención Americana. Tremenda torpeza, oceánica. Hasta un conservador como Francisco Tudela, que promovió en los tiempos del fujimorato el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera inviable hacer lo que proponen Montoya y Renovación Medieval. Sabe, por experiencia, que la consecuencia será mayor aislamiento y rechazo internacional del actual régimen político del país.
Por lo demás, la Convención Americana originariamente fue firmada y ratificada en 1978, todavía en el gobierno militar de Morales Bermúdez. Si Montoya sinceramente considera que suscribir ese tratado vulneraba nuestra soberanía y la independencia del Perú, debería en primer lugar exigir cuentas a sus colegas de la Fuerza Armada, en particular a sus camaradas de la Marina que formaban parte de aquella dictadura. Y también debería refutar a los constituyentes de 1979 y 1993, que reconocieron la plena vigencia de la Convención en nuestro país, pero no ofrece el menor argumento.
La iniciativa de ley propone obligar a la Presidencia de la República a presentar ante el Congreso “el instrumento de denuncia” de la Convención en el plazo de 30 días calendarios contados desde el día siguiente de la publicación de la ley. Y plantea el deber de la Presidencia de la República, si no acepta efectuar la denuncia del tratado, de presentar al Congreso “un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención”. Tras esta disposición asoma la amenaza nada disimulada de la vacancia, si no hay sometimiento a la arbitrariedad del Congreso. Política con chaira, pues.
Ambas exigencias son inconstitucionales por avasallar atribuciones de la Presidencia de la República. La denuncia de los tratados es una atribución exclusiva del Presidente de la República, con la excepción de los tratados sobre derechos humanos, en los cuales deberá recabar la aprobación previa del Congreso. Eso es todo. La ilegalidad del proyecto de ley de Montoya es tan enorme, que hasta daría risa o vergüenza ajena, si no fuera porque en los tiempos que vivimos esperpentos como este se están aprobando cada dos por tres en el Congreso, con la bendición de su TC ad hoc, dañando las instituciones democráticas.
¿Tiene posibilidades de aprobarse este mamarracho? Sí. La derecha bruta y achorada que hoy campea en el Congreso y el Gobierno está en esa movida. Dina Boluarte y su factótum Otárola estarían contentos de “cumplir” con una ley así, que les ofrece impunidad a ellos también, y lo más probable es que les importe un cuerno que se pisoteen las atribuciones de la Presidencia de la República. Además, la derecha bruta y achorada ya está echando a rodar una rueda de molino acorde con su ambición de impunidad: “a más derechos humanos, menos democracia”, que algunos jovenzuelos atolondrados repiten en la televisión.
Hay otro detalle ominoso: la izquierda bruta y achorada. Vladimir Cerrón, jefe de una facción mercenaria que se ha aliado repetidas veces al fujimorismo y la ultraderecha en votaciones cruciales contra la democracia, está preparando el terreno para negociar sus votos a cambio del apoyo al proyecto de ley de Montoya para repudiar la Convención Americana. Lean sus tuits.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 639 año 14, del 09/06/2023, p14
