Perú: Contragolpe institucionalista
Rodolfo Sánchez Aizcorbe
Podría ser el inicio del fin de la coalición autoritaria. El golpe de Estado, ejecutado paso a paso y de manera continua, parece haberse frenado en seco. El contragolpe no ha provenido esta vez de las calles sino de sectores institucionalistas al interior del Ministerio Público. Ahora la coalición autoritaria se ha quebrado y resurge una esperanza.
Una persona en particular ha tenido un rol protagónico: la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Este equipo lo constituyó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para investigar la corrupción en el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo, y de allí su nombre.
Pero Barreto se tomó en serio su mandato e interpretó correctamente que su función no se limitaba a investigar a Castillo y su entorno, sino a la corrupción en el poder, en general. Allí se topó con lo que denomina como una organización criminal encabezada por Benavides y que involucraría al menos a casi un tercio de congresistas. El tiro salió por la culata.
Las pruebas muestran que Benavides ofrecía impunidad a decenas de congresistas investigados a cambio de votos para fortalecer su posición como mandamás del Ministerio Público. En concreto, para eliminar a quienes consideraba obstáculos: la fiscal suprema Zoraida Ávalos y los miembros de la Junta Nacional de Justicia que la investigaban.
En un acto desesperado para desviar la atención, Benavides presentó una denuncia constitucional por homicidio contra la presidenta Boluarte y el premier Otárola por las muertes durante las protestas de diciembre y enero pasado. Una clara instrumentalización para fines personales de una investigación necesaria que ella misma había frenado.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Quedaba claro entonces que la coalición autoritaria se había roto. Ante la contundencia de las pruebas, al Gobierno y al Congreso no les queda más remedio que distanciarse de Benavides. Pero con ello pierden un aliado y pieza clave para el sostenimiento de la coalición autoritaria (y corrupta).
El Congreso del 6% y el Gobierno del 8% necesitaban a Benavides para frenar investigaciones por lavado de activos y de los casos Lava Jato y “cuellos blancos”, que involucran a líderes de partidos con bancadas en el Congreso y, en el caso específico del Gobierno, además para petardear las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Benavides acababa de conseguir, a través de un alfil en el Ministerio Público, suspender al fiscal Rafael Vela, sacándolo así del cargo de Coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos. Muchas críticas se pueden formular a Vela, pero no la de favorecer intereses políticos corruptos. Estos celebraron su suspensión.
Pero el problema para la coalición autoritaria no es solo perder a una aliada clave en el Ministerio Público, sino también el hecho de que gran parte de los congresistas estén involucrados en la misma red de corrupción encabezada por la Fiscal de la Nación. La caída en desgracia de Benavides los arrastrará a ellos inexorablemente.
Para terminar, la batalla de los sectores institucionalistas de la Fiscalía requiere ahora del apoyo decidido de la sociedad civil y de otros actores no corruptos dentro del Estado. El quiebre de la coalición autoritaria es, asimismo, una señal de que ha llegado el momento de volver a poner en la agenda el adelanto de elecciones generales.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 664 año 14, del 01/11/2023
