El Perú no olvida
Ronald Gamarra
Se cumple un año de las masacres perpetradas en el sur del país, principalmente, por el gobierno de Dina Boluarte, con la complicidad encubridora de la mayoría congresal y el Ministerio Público, bajo la gestión de Patricia Benavides. Un año desde la matanza de Juliaca, donde 18 personas fueron abatidas en un solo día por la policía con disparos al torso y la cabeza. Un año desde el aniquilamiento de Huamanga, que costó la vida a 10 personas, ultimadas por el ejército con armas de guerra. Un año desde la muerte de decenas más de peruanos en Andahuaylas, Abancay, Cusco y nuevamente en Huamanga y Puno.
El sur no olvida, el Perú entero evoca; es lo primero que cabe constatar en esta primera conmemoración del peor crimen de estado cometido desde la época de Alberto Fujimori, a quien precisamente acaban de excarcelar en abierto desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si este desafío torpe a la legalidad internacional les permitiera a ellos también eludir la justicia cuando les toque enfrentarla. Qué equivocados están. La liberación pirata de Alberto Fujimori, condenado por los asesinatos múltiples de Barrios Altos y La Cantuta, entre muchos otros crímenes, recuerda al mundo por qué deben responder quienes lo relevan de su encierro en la Diroes.
El sur recuerda y el Perú lo tiene en la memoria. No olvidará nunca la sangre brutalmente derramada, mientras no se haga justicia, y después lo tendrá presente. Aún tienen el poder, han logrado mantenerse en él quienes ordenaron disparar a la gente con armas y munición de guerra, y por eso se sienten inalcanzables, intocables, inmunes. Cuentan con la protección de la mayoría fujiderechista del congreso, de la cual se han convertido en sirvientes solícitos a cambio de asegurarse su propia impunidad. Pero todo eso es deleznable, frágil, pasajero, y se disolverá mucho antes de lo que ellos imaginan. Y entonces, sí o sí, tendrán que responder.
El Ministerio Público les sirvió eficazmente para amarrar las investigaciones durante casi un año. Pero Patricia Benavides tenía su propio juego, no daba puntada sin hilo. Ella no iba a hacerle servicios gratis a Dina Boluarte y Alberto Otárola. Mientras, por un lado, creaba obstáculos al avance concreto, real, de las indagaciones, al extremo que en casi un año no se formalizó denuncia contra ningún responsable de las masacres, por otro lado, se premunía de documentos para usarlos contra la presidenta en caso de enfrentamiento con ella, y fue lo que hizo con prisa cuando fue identificada como cabecilla de una organización criminal en el Ministerio Público, convencida de que el chivatazo provenía del gobierno.
Su denuncia fue desechada políticamente de inmediato por la mayoría congresal, aún dispuesta a proteger a Dina Boluarte y compañía, pero dejó al descubierto la naturaleza precaria y oportunista de la “protección” que se le garantiza a la actual mandataria. Al igual que Patricia Benavides, el parlamento solo sostendrá ese amparo mientras considere que Dina le es útil y obsequiosa. La ex vicepresidenta de Pedro Castillo lo sabe, por eso se desvive en multiplicar los actos de servicio y sometimiento a la fujiderecha, al extremo que ya casi ni se siente la presencia y la existencia de un gobierno en el país. Aquí manda la fujiderecha desde el congreso y Dina se somete.
Están convencidos de que la librarán, que lograrán la impunidad. Pero eso es imposible para el crimen más detestable cometido por un gobierno en casi tres décadas. No hay forma de que la falta de sanción pueda imponerse a largo plazo. Con cada año que pasa, la sombra del delito se agranda hasta aplastar a sus autores. Al final del camino, más pronto que tarde, llegará el momento de rendir cuentas públicamente ante la justicia. Es un destino ineludible y estoy persuadido de que arribará sin acudir a los organismos internacionales, por una reacción de las instituciones de justicia y sobre todo de nuestra sociedad que desprecia y condena abrumadoramente a gobierno y congreso.
De hecho, ya están sufriendo hoy mismo las consecuencias de la censura que espontáneamente les ha impuesto el pueblo. ¿O acaso no somos todos testigos de que a Dina le es imposible viajar y ser recibida en casi todo el país y sobre todo en el sur del Perú? ¿No ocurre lo mismo ya con numerosos congresistas, muy arrogantes en la Plaza Bolívar, pero que son expulsados con enojo por la gente apenas los reconocen, y prefieren pasar de incógnitos o protegerse con nutridas escoltas? ¿No pasa lo propio con Dina y los congresistas en la misma capital? ¿Acaso la gente no recuerda que fue en Lima donde una persona fue asesinada alevosamente de un disparo directo de bomba lacrimógena a la cabeza, a dos metros de distancia?
En el extranjero es lo mismo. El gobierno de Dina Boluarte es considerado con distancia sanitaria por numerosos gobiernos, pues nadie quiere contaminarse con un régimen que carga con las vidas de 50 personas asesinadas con armas de guerra. A lo cual se añade el abierto desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las movidas de un congreso ultrarreaccionario que pretende repudiar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es ya un régimen de impresentables desde que decidieron mancharse las manos con sangre.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 668 año 14, del 12/01/2024
